Cuatro años, 320 millones de dólares y
cero cadáveres: el embuste de las “fosas comunes”
en las escuelas católicas de Canadá

Gary Isbell

El supuesto descubrimiento de 215 cadáveres en fosas comunes sin identificar en el internado indio de Kamloops, en Columbia Británica, conmocionó a Canadá en mayo de 2021. La presunta tragedia se convirtió en un grito de guerra para políticos liberales y activistas de tribus indígenas de todo el mundo.

El gobierno de Justin Trudeau se posicionó inmediatamente sin pruebas. Tomó protagonismo al expresar su solidaridad con la comunidad indígena, ordenando que las banderas ondearan a media asta en todas los edificios públicos y comprometiendo fondos para investigar y desenterrar las supuestas fosas.

Kamloops era una de las muchas escuelas federales canadienses gestionadas por la Iglesia Católica. Allí es donde supuestamente existían las fosas. Sin embargo, casi cuatro años después de que comenzara la investigación, no se ha exhumado ni un solo cadáver en el emplazamiento de la escuela de Kamloops. No se ha establecido ninguna fecha de excavación ni pruebas concretas que respalden las graves acusaciones contra la Iglesia.

Los críticos afirman que la falta de pruebas arroja dudas sobre la verdadera intención de la administración Trudeau. Acusan al gobierno de alimentar el pánico moral y utilizar la supuesta tragedia para fomentar el sentimiento anticristiano. Aunque no se ha encontrado ningún cadáver, Trudeau ha conseguido alimentar dicho sentimiento.

Las consecuencias del anuncio de Kamloops fueron inmediatas y devastadoras. Hasta la fecha, más de cien iglesias cristianas, en su mayoría católicas, han sido objeto de vandalismo o incendiadas en Canadá. Trudeau se abstuvo de condenar los ataques, sugiriendo en su lugar que eran el resultado de la indignación pública.

La versión del gobierno se basó en una interpretación del radar de penetración terrestre del emplazamiento de Kamloops. La antropóloga Sarah Beaulieu llevó a cabo la investigación utilizando el radar para detectar irregularidades en el suelo. Los hallazgos de Beaulieu identificaron anomalías que se interpretaron como “posibles” lugares de enterramiento, pero que nunca se confirmaron como restos de cuerpos humanos.

En lo que respecta al radar de penetración en el suelo, la verdad se esconde literalmente bajo la superficie. El radar no distingue entre las alteraciones del suelo y los restos humanos reales. Las excavaciones, aunque costosas y lentas, son la única forma de confirmar o desmentir acusaciones que han empañado reputaciones intachables e inflamado tensiones culturales.

Sin embargo, políticos y activistas han pasado rápidamente de la mera conjetura a la certeza absoluta. El gobierno de Trudeau aceptó las acusaciones y destinó inmediatamente 320 millones de dólares para la búsqueda de fosas comunes en todo el país. Las especulaciones originales se presentaron como prueba de abusos sistemáticos orquestados por la Iglesia Católica y otras instituciones cristianas que gestionaban internados en todo Canadá.

Incluso el Papa Francisco se disculpó en nombre de la Iglesia Católica sin ninguna evidencia, exacerbando la percepción de culpabilidad. Pese a ello, las voces escépticas se hicieron más fuertes.

Casi cuatro años de investigación no han aportado pruebas físicas de la existencia de tumbas en Kamloops ni en ningún otro internado de Canadá. Frustrados por la falta de resultados, varios académicos han condenado públicamente las afirmaciones originales. Jacques Rouillard, profesor emérito de la Universidad de Montreal, calificó el caso de “pánico moral”, señalando que las anomalías detectadas por los radares no pueden probar por sí solas la existencia de fosas comunes.

Se necesitan excavaciones físicas para verificar las afirmaciones. En otros lugares se han encontrado tumbas asociadas a tragedias, como la gripe española y otras enfermedades, pero no a abusos malintencionados.

Como parte de la investigación, los líderes indígenas presentaron testimonios orales contradictorios. Los activistas afirman que cualquier cuestionamiento de estas historias es tabú y una “falta de respeto” hacia los pueblos indígenas. Sin embargo, los mismos investigadores no dudan en cuestionar la integridad de la Iglesia Católica.

Mientras tanto, Canadá ha destinado —como ya lo señalamos— una verdadera fortuna al Fondo de Apoyo Comunitario para Niños Desaparecidos en los Internados y ahora no tiene nada que mostrar. La Secretaría de Supervivientes, una organización sin ánimo de lucro que investiga los internados más antiguos de Canadá, ha informado que el gobierno federal ha denegado más financiación, un reconocimiento implícito de que incluso la administración ha perdido la fe en la falsa narrativa de las fosas comunes.

El objetivo de la investigación era la verdad y la reconciliación. Sin embargo, lo que podría haber sido un esfuerzo transparente y de colaboración se convirtió en una campaña precipitada y reaccionaria que sacudió a los fieles, sembró la división y destruyó decenas de millones de dólares en propiedades eclesiásticas.

La falta de restos físicos en Kamloops subraya la necesidad de investigaciones imparciales y de una gobernanza responsable, especialmente cuando está en juego la reputación de instituciones enteras, como la Iglesia Católica.

Deberían haberse realizado excavaciones inmediatamente para descubrir la verdad. El público merecía sin duda algo más que una narración politizada basado en especulaciones, y los católicos canadienses merecen que el gobierno no los utilice como chivos expiatorios.

Diversos académicos canadienses también han cuestionado la cifra comúnmente aceptada de 150.000 niños indígenas obligados a asistir a los internados, argumentando que es engañosa. Sostienen que, para muchas familias indígenas, estas escuelas fueron una bendición: la único acceso a la educación en una época en que las tribus no podían ofrecer nada similar.

La verdad exige pruebas, responsabilidad y dedicación, no narrativas emocionales construidas a toda prisa que avivan el fuego de rencores históricos.